Amnistía hizo campaña en favor de Máxima Acuña Atalaya, campesina de Perú que se enfrentó a una de las mayores compañías mineras de extracción de oro del mundo. La empresa trató de intimidarla para que abandonara su tierra para poder así explotarla. Tras casi cinco años de proceso judicial por cargos penales infundados de usurpación de tierras, la Corte Suprema de Perú resolvió que no había lugar a continuar con el infundado juicio y, en mayo de 2017, se retiraron los cargos contra Máxima.
