La convivencia de ganaderos criollos y pueblos indígenas en el norte de Salta, Argentina, siempre fue conflictiva. Estrategias incompatibles de aprovechamiento de los recursos naturales y marcos jurídicos distintos les impedían coexistir armónicamente. En la década de 1990 se añadió un conflicto con el gobierno provincial, cuando emprendió un ambicioso plan de obras públicas sin consultar a las comunidades indígenas. Gracias a un largo proceso de diálogo y construcción de consensos, sumado a una estrategia legal internacional, se logró la titularidad de las tierras indígenas y criollas en condiciones que permitan su reproducción material y cultural.
